@abrilpenaabreu
En un país donde miles de familias viven con miedo al salir a las calles, sorprende escuchar propuestas legislativas que parecen ignorar la realidad que viven los ciudadanos comunes.
La reciente idea de ofrecer un seguro de cobertura total a motoristas puede sonar solidaria a primera vista. Después de todo, son uno de los sectores con más accidentes en República Dominicana. Pero la verdadera pregunta es otra: ¿estamos enfrentando el problema o premiando el desorden?
Porque si algo ha quedado claro durante años es que el caos del tránsito dominicano no es casualidad. Es el resultado de una mezcla peligrosa entre falta de autoridad, informalidad y una cultura de impunidad vial que parece no tener consecuencias.
No se trata de demonizar a todos los motoristas. Hay miles de hombres y mujeres trabajadores que usan una motocicleta como única herramienta para ganarse el sustento. El problema es que también existe una realidad imposible de ignorar: una parte importante del sector opera fuera de toda norma. Sin licencia, sin placa, sin casco, sin seguro, irrespetando semáforos, circulando en vías prohibidas, transitando en vía contraria y poniendo en riesgo constante la vida ajena.
Y aquí surge una contradicción difícil de explicar. ¿Cómo se plantea un seguro de “full cobertura” en un sector donde la inmensa mayoría ni siquiera está formalizada? ¿Cómo se asegura a quien ni siquiera existe oficialmente en el sistema? Primero habría que preguntarse cuántos tienen licencia, cuántos están registrados, cuántos pagan seguro y cuántos cumplen las normas mínimas de tránsito.
Porque la seguridad social y la protección estatal no pueden desvincularse de la responsabilidad individual.
También hay otra cara de esta historia de la que casi nunca se habla: las víctimas. Las familias destruidas por accidentes provocados por motoristas imprudentes, los peatones atropellados, los conductores que han quedado lesionados o cargando con traumas permanentes, los muertos en carretera. ¿Quién piensa en ellos? ¿Quién cubre sus gastos? ¿Quién responde cuando el responsable no tiene ni seguro ni identificación?
El Estado sí debe intervenir, pero no para perpetuar el caos, la solución no parece estar en otorgar beneficios sin condiciones, sino en una gran reforma de formalización real: licencia obligatoria, registro masivo, seguros escalonados, fiscalización seria, sanciones efectivas y educación vial obligatoria.
Ayudar no puede convertirse en premiar la irresponsabilidad. Porque cuando un país normaliza el incumplimiento y luego subsidia sus consecuencias, el mensaje termina siendo peligroso: cumplir las reglas es opcional.
Y ahí es donde los ciudadanos tienen derecho a preguntarse: ¿a quién representan realmente algunos legisladores? ¿A quienes cumplen la ley o a quienes presionan desde el desorden?
La República Dominicana necesita soluciones. Pero soluciones que reduzcan el problema, no que lo institucionalicen.
