SONDEO | Por LUIS ENCARNACIÓN PIMENTEL
El órgano comicial, que recién recibe el premio internacional al mejor documento de identidad de Latinoamérica por la nueva cédula de identidad en proceso de entrega, hizo bien al emitir una resolución con miras a regular la publicación de encuestas electorales. Se cumpla o se irrespete finalmente la disposición, dado el “apandillamiento mediático” que cada vez gana terreno y se insurrecta ante la ley, el organismo oficial sencillamente cumple con un deber y un mandato institucional.
Más aún, con un reclamo y aspiración del gran conglomerado nacional, en el sentido de que el país haga un alto y ponga término a la práctica de vivir en campaña, despilfarro de recursos y perdiendo el tiempo de modo permanente.
Nos quejamos, con mucha razón, del desorden y relajo que nos arropa en distintos aspectos por la infuncionalidad de instituciones y autoridades respectivas, pero cuando una de estas o sus cabezas quieren hacer algo y asumir responsabilidades para evitar daños y corregir vicios, salen al frente los intereses particulares –metidos en todo– a cuestionar, desacreditar, chantajear y a restar facultad. Siempre alegando violación de derechos, pero pasando por alto que, frente a un derecho o interés individual, tiene prioridad el del colectivo. Y no solo se intenta –y hace– con la JCE, sino con el Congreso, con la Justicia, con los gobiernos y hasta con los presidentes, buscando “doblarle el brazo”.
Es realidad que, hasta el descaro, las encuestas han pasado de ser herramienta científica o elemento de trabajo de los partidos, a usarse como instrumentos de promoción político-partidaria y de manipulación aviesa para vender posicionamientos irreales y a destiempo de aspirantes, de la oposición o del sector oficial de turno. También para llevar música que agrade al oído presidencial, aunque paralelamente se desdibuje el desempeño del gobierno (¿). Es cuestión de empresas y de hacer negocio, sin importar tiempo, ley o factor ético. De ahí el descrédito de algunos dados por serios y otros de más reciente factura.
Precisamente, la medida de la Junta procura, por mandato de ley, la equidad en los procesos democráticos y evitar la manipulación de la opinión pública y de futuros electores, amenazados por sondeos recientes de que les quieran inducir a cambiar la acentuada percepción que tengan al momento, sin duda distante de los números publicados. Así como ya los perros no se amarran con longaniza, tampoco la verdad debe imponerla el que más alto hable o más ruido haga (¿?). ¡Respaldo a la JCE y a respetar la ley!
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