@abrilpenaabreu
Hay señales que una sociedad no debería ignorar jamás. Y una de ellas es cuando quienes administran justicia sienten que tienen que paralizar labores para ser escuchados.
En República Dominicana llevamos años hablando de la mora judicial, de expedientes que duran eternidades, de audiencias aplazadas una y otra vez, de ciudadanos que sienten que la justicia llega tarde o simplemente no llega. Pero pocas veces se profundiza en una realidad incómoda: un sistema judicial también colapsa cuando quienes lo sostienen trabajan bajo presión extrema, sobrecarga permanente y condiciones insuficientes.
Ahora son los propios jueces quienes han decidido convocar un “paro pacífico” para el próximo 21 de mayo. No están hablando solamente de salarios. Están hablando de carga laboral, falta de personal, ausencia de respuestas institucionales y condiciones de trabajo que, según denuncian, llevan años deteriorándose. Más de 300 magistrados reclaman la aplicación de un manual de compensaciones aprobado desde 2022 y que, según afirman, no se ha ejecutado.
Y aquí es donde el tema deja de ser un simple conflicto laboral para convertirse en un problema nacional.
Porque cuando un juez tiene que manejar muchos más casos de los humanamente razonables, la calidad de la justicia inevitablemente se resiente. No existe manera de estudiar expedientes complejos, escuchar partes, analizar pruebas y redactar decisiones sólidas bajo un sistema permanentemente saturado. La justicia no es una línea de ensamblaje industrial. Requiere tiempo, concentración y condiciones mínimas de funcionamiento.
Durante años se ha señalado que parte importante de la lentitud judicial en República Dominicana no proviene únicamente de la burocracia o de las tácticas dilatorias de abogados y partes interesadas. También influye una estructura judicial que carga sobre pocos jueces una cantidad excesiva de procesos, muchas veces sin suficiente personal de apoyo ni infraestructura adecuada. Y lo más preocupante es que este deterioro tiene efectos mucho más profundos de lo que parece.
Un sistema judicial agotado termina afectando la confianza en el Estado completo. Porque cuando la justicia tarda demasiado, el ciudadano empieza a sentir que las leyes no sirven, que el poder pesa más que el derecho y que resolver conflictos por vías institucionales deja de valer la pena. Ahí comienza el verdadero peligro: la erosión silenciosa de la credibilidad institucional.
Lo delicado del caso es que República Dominicana había logrado durante años proyectar cierta estabilidad institucional en comparación con muchos países de la región. Pero esa estabilidad no se sostiene sola. Requiere inversión constante, fortalecimiento técnico y capacidad de respuesta.
Y sí, hablar de mejores condiciones para jueces puede sonar incómodo en un país donde gran parte de la población también vive bajo presión económica. Pero una cosa no elimina la otra. Un sistema judicial fuerte no es un lujo de élites; es una necesidad básica de cualquier democracia funcional. La justicia barata, improvisada y saturada termina siendo muchísimo más costosa para toda la sociedad.
Porque cuando la justicia falla, todo lo demás comienza a fallar detrás.
Lo ocurrido también deja otra pregunta incómoda: ¿cómo llegamos al punto donde incluso los jueces sienten que la única forma de ser escuchados es mediante presión pública? Eso revela una fractura institucional que no debería minimizarse.
Todavía hay tiempo de evitar una crisis mayor. Pero eso requiere algo más que comunicados o promesas. Requiere reconocer que fortalecer la justicia no puede seguir siendo un tema secundario dentro del presupuesto nacional ni dentro de las prioridades políticas del país.
Porque el día que quienes imparten justicia dejan de creer en el propio sistema que administran, el problema ya no es de los jueces.
Es de toda la sociedad dominicana
