@abrilpenaabreu
Aquí no hay espacio para ambigüedades: lo que está ocurriendo en República Dominicana ya no puede explicarse como una simple sucesión de eventos climáticos aislados. Creas o no en el cambio climático, la evidencia es visible, cotidiana y cada vez más costosa. Lluvias intensas en cuestión de horas, granizo en zonas donde antes no se registraba, ráfagas de viento que derriban árboles y afectan infraestructuras… y, sobre todo, un patrón que se repite con mayor frecuencia.
El problema no es únicamente lo que está pasando en el cielo, sino lo que sigue sin pasar en la tierra.
El país continúa operando con normas urbanas, sistemas de drenaje y esquemas de planificación pensados para una realidad climática que ya no existe. Durante años, el crecimiento urbano avanzó sin una actualización seria de las regulaciones, sin una fiscalización efectiva y sin una cultura de mantenimiento que acompañe el desarrollo. Hoy, las consecuencias son evidentes: edificios que se inundan, calles colapsadas, sistemas pluviales desbordados y comunidades enteras afectadas por lluvias que, aunque intensas, ya no deberían sorprendernos.
La narrativa de lo “atípico” comienza a quedarse corta. Lo que antes era excepcional, ahora es recurrente. Y frente a esa nueva normalidad, la respuesta institucional sigue siendo, en gran medida, reactiva.
Es justo reconocer que, ante emergencias recientes, las autoridades han desplegado asistencia y han respondido con operativos en terreno. Sin embargo, eso no sustituye lo esencial: la planificación. Porque un Estado no puede limitarse a actuar después del desastre; su responsabilidad principal es reducir el impacto antes de que ocurra.
Aquí es donde emerge una verdad incómoda: el país no cuenta con un plan macro integral para enfrentar los efectos del cambio climático en su dimensión urbana, económica y social. Existen iniciativas, esfuerzos aislados y discursos, pero no una estrategia articulada que transforme la forma en que se construyen las ciudades, se gestionan los riesgos y se protege a la población.
Ese plan debe partir de decisiones que ya no pueden postergarse. Actualizar las normativas de construcción y uso de suelo en función del riesgo climático real. Rediseñar y ampliar los sistemas de drenaje urbano. Establecer mecanismos obligatorios de mantenimiento en edificaciones, desde filtrantes hasta desarenadores, que hoy en muchos casos están colapsados o simplemente ignorados. Y, de forma paralela, impulsar una cultura ciudadana que asuma su parte de responsabilidad, especialmente en el manejo de residuos, cuya acumulación agrava cada episodio de inundación.
No se trata de alarmismo, sino de realismo.
El cambio climático dejó de ser una discusión teórica para convertirse en un factor que impacta directamente la economía, la infraestructura y la calidad de vida. Cada evento extremo implica pérdidas materiales, interrupciones productivas y presión adicional sobre el gasto público.
Por eso, la pregunta que debe guiar el debate nacional no es si estos fenómenos seguirán ocurriendo. Eso ya está respondido. La verdadera pregunta es si el país está dispuesto a transformarse para enfrentarlos, porque seguir reaccionando como si cada lluvia fuera una sorpresa no solo es insostenible… es, sencillamente, irresponsable.
