Por Elvin Castillo
En los últimos años se ha instalado en el discurso público la idea de que en República Dominicana vivimos bajo una “justicia independiente”. Sin embargo, cuando uno observa con detenimiento los hechos que se repiten con preocupante frecuencia dentro del Ministerio Público y en algunos tribunales, es inevitable preguntarse si ese calificativo no nos ha quedado demasiado grande.
No se puede negar que en los últimos años se han hecho esfuerzos institucionales importantes y se han destinado recursos significativos con la intención de fortalecer la separación de poderes y mejorar el sistema de justicia. Pero los resultados, a la luz de múltiples episodios recientes, dejan serias dudas. Más que avanzar, pareciera que estamos estancados o incluso retrocediendo.
Los casos que han salido a la luz pública deberían alarmar a toda la sociedad dominicana.
Un fiscal cercano y de confianza de Wilson Camacho fue sorprendido recibiendo un soborno de 10 mil dólares. Fiscales y policías realizaron un allanamiento equivocado en la vivienda de Chelsy Bautista y durante esa intervención desaparecieron prendas y joyas que nunca aparecieron. En otro caso, una jueza se extralimitó en sus funciones imponiendo medidas de coerción a Jefte Ventura que ninguna de las partes había solicitado, mientras que un fiscal llegó al extremo de pedir prisión preventiva por una acusación de difamación, algo jurídicamente desproporcionado y peligrosamente cuestionable para la libertad de expresión en el país.
Y estos no son hechos aislados. Son apenas una muestra visible de comportamientos cuestionables por parte de algunos jueces y fiscales. La diferencia es que estos casos se hicieron mediáticos. La mayoría de los abusos no se conocen porque ocurren contra ciudadanos comunes que no tienen plataformas, recursos ni visibilidad para denunciar lo que les sucede.
Entonces surge una pregunta inevitable: si estas son las autoridades llamadas a perseguir el crimen y garantizar justicia, ¿Qué ocurre cuando algunos de ellos actúan peor que los propios delincuentes?
El problema no se limita al Ministerio Público o a los tribunales. La Policía Nacional, pese a los recursos invertidos en su reforma, también ofrece episodios que erosionan la confianza pública. Recientemente se conoció el caso de agentes que acudieron a investigar un robo de 1.2 millones de pesos y terminaron robándole el dinero a los propios ladrones.
También se ha denunciado reiteradamente que fiscales utilizan vehículos de lujo, apartamentos o villas incautadas en procesos judiciales, incluso llegando a hacer negocios con esos bienes mientras los casos aún se encuentran en curso.
Frente a este panorama, es imposible no hacerse preguntas que inquietan profundamente:
¿En manos de quién estamos?
¿Podemos confiar en estas autoridades?
¿Cómo creer en instituciones cuyos miembros protagonizan este tipo de comportamientos?
Más aún cuando en algunos de los grandes procesos de corrupción de los últimos años varios imputados han acusado al Ministerio Público de fabricar pruebas, mentir o violentar procedimientos. No afirmo que tengan razón, pero cuando uno observa tantas actuaciones cuestionables, surge inevitablemente una duda legítima: ¿se está cumpliendo siempre el debido proceso?
La credibilidad de la justicia es uno de los pilares fundamentales de cualquier democracia. Sin confianza en las instituciones encargadas de aplicar la ley, el tejido social comienza a deteriorarse.
Hoy, lejos de ganar credibilidad, los órganos de justicia y de orden parecen perderla cada día más. Y esto no ocurre por percepciones infundadas, sino por actuaciones reiteradas y errores graves cometidos por fiscales, jueces y policías.
Un país con instituciones débiles en materia de justicia, sumado a una creciente desconfianza en los partidos políticos y en sectores empresariales, va creando lentamente un escenario peligroso. Un caldo de cultivo para una tormenta perfecta.
Si estas prácticas no se corrigen y si las instituciones no se reorientan con urgencia hacia la ética, la transparencia y el respeto al debido proceso, la República Dominicana podría enfrentar días complejos en el futuro cercano.
Porque cuando la justicia deja de inspirar confianza, lo que comienza a tambalearse no es solo un sistema judicial.
Es la estabilidad misma de la democracia.
