@abrilpenaabreu
La decisión del Instituto San Juan Bautista de restringir el uso de celulares en las aulas no es una innovación. Es, en realidad, una corrección tardía y dicho sea de paso no son los primeros, en la mayoría de los colegios privados de gama media hace rato que estaban prohibidos en las aulas.
Durante años, docentes, psicólogos y expertos en educación han advertido lo mismo: la presencia constante de dispositivos móviles en el entorno escolar reduce la concentración, fragmenta la atención y deteriora el proceso de aprendizaje. Hoy, cuando un centro educativo privado toma la decisión de limitar su uso, los resultados positivos no sorprenden a nadie: mejor rendimiento, mayor orden y más enfoque.
Pero conviene poner las cosas en contexto.
La medida no surge en el vacío. Ya el Ministerio de Educación había dado pasos en el sistema público hacia la regulación del uso de celulares. Sin embargo, el problema nunca fue únicamente la presencia del dispositivo, sino el modelo educativo que se ha construido alrededor de él.
Porque mientras se prohíben los celulares en teoría, en la práctica la educación dominicana —especialmente en el sector privado— se ha digitalizado casi por completo: libros electrónicos, tareas en plataformas, evaluaciones en línea. Es decir, el estudiante sigue dependiendo de una pantalla para aprender.
Ahí está la contradicción.
Se pretende limitar la distracción, pero se sostiene un sistema que obliga al estudiante a permanecer conectado. Se habla de disciplina, pero se delega el proceso educativo a entornos digitales que escapan al control del aula y, muchas veces, al de los propios padres.
El debate, entonces, no es si el celular entra o no al aula. El debate es mucho más profundo: ¿cuánta tecnología es realmente necesaria en la educación?
Otros países ya han comenzado a replantearlo. En Finlandia, referente histórico en educación, se ha reducido el énfasis en la digitalización total tras evidenciar impactos negativos en la concentración. Francia ha limitado el uso de dispositivos en las escuelas, mientras que Australia avanza hacia restricciones más amplias en el acceso de menores a redes sociales.
No es un capricho. Es una reacción.
Y no solo desde el sistema educativo. Plataformas digitales también están siendo cuestionadas. Meta Plataform ha enfrentado procesos judiciales por el impacto de sus productos en menores, mientras que videojuegos como Roblox han sido señalados por fallas en sus sistemas de seguridad.
Pensar que basta con prohibir el celular dentro del aula es, en ese contexto, una ingenuidad. El problema no es el dispositivo. Es la dependencia.
Y mientras no se aborde el modelo completo —escuela, hogar y entorno digital— cualquier medida seguirá siendo parcial.
La decisión del San Juan Bautista es un paso en la dirección correcta. Pero si no viene acompañada de una revisión más profunda del uso de la tecnología en la educación, será apenas un parche en un sistema que sigue formando estudiantes conectados… pero cada vez menos concentrados.
