@abrilpenaabreu
La comediante y actriz Cheddy García habló esta semana de la impotencia que siente luego de meses intentando que las autoridades respondan por un allanamiento realizado por error en la vivienda de su hija Chelsy. Según ha denunciado, el operativo dejó daños y pérdidas materiales, pero hasta el momento ninguna institución ha asumido responsabilidad ni ha ofrecido compensación, lo que ha obligado a la familia a recurrir a recursos legales.
Pero más allá del caso personal, la reflexión que plantea es mucho más incómoda:
¿qué ocurre cuando algo así le sucede a alguien que no tiene visibilidad pública, ni recursos, ni micrófonos para denunciarlo? Ese es el punto que debería preocuparnos.
Porque el caso de Chelsy no es un hecho aislado. En estos momentos, por ejemplo, el Ministerio Público investiga un caso ocurrido en San Cristóbal, donde fiscales habrían sustraído parte del dinero incautado durante una redada contra una presunta red criminal.
Es un caso grave, pero tampoco sorprende a quienes conocen cómo operan muchas veces los procesos de incautación y embargo en el país.
Durante años se ha denunciado que, mientras los expedientes judiciales se conocen en los tribunales, propiedades incautadas —vehículos, mercancías, dinero e incluso inmuebles— quedan bajo custodia de autoridades policiales, militares o fiscales.
Y en no pocas ocasiones, esos bienes terminan siendo utilizados, deteriorados o simplemente desaparecen.
La cadena de custodia, que debería ser uno de los pilares del sistema de justicia, muchas veces se convierte en un espacio gris donde nadie responde por nada.
Esto genera un problema mucho más profundo que un simple abuso administrativo: erosiona la confianza en el Estado.
Porque si quienes tienen el poder de allanar, detener, incautar y acusar no están sometidos a controles estrictos, el sistema entero se vuelve vulnerable al abuso.
Y cuando eso ocurre, el ciudadano común queda prácticamente indefenso, la autoridad del Estado se sustenta en la legitimidad.
Es decir, en la convicción de que quienes ejercen el poder lo hacen dentro de la ley.
Pero cuando un allanamiento se realiza por error y nadie responde por los daños, cuando se investiga a fiscales por apropiarse de dinero incautado, o cuando propiedades embargadas desaparecen mientras los casos se conocen en los tribunales, esa legitimidad empieza a resquebrajarse.
Entonces aparece una pregunta incómoda pero inevitable:
¿cómo se le exige a la sociedad respeto por la ley si quienes deben aplicarla no siempre la respetan?
Combatir la delincuencia es necesario.
Pero hacerlo sin controles claros sobre quienes ejercen el poder puede terminar creando otro problema igual de grave: el abuso institucional.
Y en un Estado de derecho, la ley no puede convertirse en un arma sin responsabilidad, porque cuando la justicia pierde credibilidad, lo que queda no es orden. Es desconfianza.
