@abrilpenaabreu
En el país existe —y es entendible— un gran trauma con los temas de corrupción. Cada vez que aparece un reportaje, la reacción inmediata es exigir detenciones, cancelaciones y suspensiones. El problema es que no todos los procesos del Estado son iguales.
Hay contratos que pueden detenerse sin consecuencias mayores. Pero hay otros que no. Y la diálisis pertenece a esa segunda categoría. No estamos hablando de la compra de escritorios, ni de vehículos, ni de uniformes. Estamos hablando de un tratamiento vital y continuo. Un paciente renal no puede esperar a que termine un debate público ni a que concluya una discusión administrativa. Su tratamiento es periódico, predecible y no admite interrupciones.
El trabajo de los medios es preguntar. Eso es correcto y necesario en democracia. Pero también es responsabilidad del Estado aprender a responder sin paralizar servicios esenciales. Si cada cuestionamiento mediático provoca que la administración se detenga, entre en pánico o altere procesos en curso, el perjudicado final no será el funcionario ni el periodista, será el ciudadano.
Ya vimos algo parecido recientemente: un proceso administrativo se detuvo y miles de estudiantes iniciaron el año escolar sin útiles. Aquí la diferencia es mucho más grave, porque no hablamos de cuadernos; hablamos de vidas humanas.
Investigar debe investigarse. Responder debe responderse. Pero sin improvisación ni decisiones tomadas para satisfacer el ruido del momento. La transparencia no consiste en reaccionar atropelladamente, sino en explicar, documentar y corregir si corresponde, sin interrumpir la continuidad del servicio.
Un gobierno puede —y debe— aclarar cuestionamientos, pero también tiene la obligación de garantizar que los pacientes sigan recibiendo sus tratamientos a tiempo. Porque la administración pública no puede vivir saltando de crisis en crisis. Hay momentos en que debe caminar y responder al mismo tiempo.
