Por Nicolás Mateo
La relación entre el narcotráfico y la política no es un fenómeno nuevo en la República Dominicana, pero sí es una de sus heridas menos cicatrizadas. Durante décadas, el país ha sido un punto estratégico en el mapa del tráfico internacional de drogas: una bisagra entre los centros de producción en Suramérica y los grandes mercados de consumo en Norteamérica y Europa. Esa condición geográfica, sumada a debilidades históricas del Estado, ha creado un terreno fértil para que el crimen organizado busque algo más que rutas y puertos: busque poder.
El narcotráfico no opera en el vacío. Para sobrevivir y expandirse necesita protección, silencio, complicidades. En sociedades donde la institucionalidad es frágil o selectiva, esa protección suele encontrarse en la política: en campañas financiadas sin preguntas, en candidaturas que crecen demasiado rápido, en funcionarios que confunden representación pública con intereses privados.
No se trata de una ideología ni de un partido específico, aunque los personeros del bajo mundo buscan las organizaciones más tolerantes y proclives al crimen; se trata de un modelo de captura del poder que se repite, donde encuentra mejor caldo de cultivo.
En 2020, la llegada del Partido Revolucionario Moderno (PRM) al poder estuvo acompañada de una narrativa contundente: el fin de la impunidad, la ruptura con las viejas prácticas y el inicio de una nueva etapa de transparencia institucional. Ese discurso conectó con una sociedad cansada de escándalos, corrupción administrativa y promesas incumplidas. El “cambio” además de un eslogan electoral; fue una expectativa colectiva.
Sin embargo, el ejercicio del poder suele revelar contradicciones que la oposición no muestra. A medida que el nuevo gobierno se consolidaba, comenzaron a emerger casos judiciales que involucran a figuras electas, funcionarios o financiadores de campaña del partido oficialista, muchos ya extraditados a los Estados Unidos bajo acusaciones de narcotráfico y lavado de activos.
Cada caso, visto de manera aislada, podía explicarse como una responsabilidad individual, sin embargo, en el caso del PRM parece que fuera una estrategia planificada por la cúpula de ese partido, había que buscar el dinero donde fuese necesario, para poder competir con las ventajas económicas que daba el poder al Partido de la Liberación Dominicana (PLD).
Ante el cuadro descrito, habría que hacerse una pregunta incómoda pero necesaria:
¿por qué el narcotráfico logra infiltrarse con tanta facilidad una y otra vez en esa estructura política sin que existan mecanismos efectivos o deseos para impedirlo?
Las extradiciones hacia los Estados Unidos —frecuentes, mediáticas y casi siempre más contundentes que los procesos locales— han puesto en evidencia una realidad difícil de ignorar. Mientras la justicia dominicana avanza con lentitud, o se limita a reacciones administrativas y deslindes tardíos, son las cortes extranjeras las que terminan procesando a actores que, hasta poco antes, ocupaban cargos públicos, financiaban campañas, patrocinaron familiares, hijos, conyugues, o tomaban decisiones en nombre del pueblo.
Este fenómeno ha tenido un impacto profundo en la confianza ciudadana. Cada arresto, cada acusación internacional, cada expediente revelado fuera del país, erosiona un poco más la credibilidad del sistema político en su conjunto. La indignación inicial suele dar paso al escepticismo, y el escepticismo, a una peligrosa normalización: la idea de que la corrupción y la narco-política son inevitables.
Pero lo que está en juego no es solo la reputación del PRM, ni la suerte judicial de determinados dirigentes de esa organización. Lo que está en juego es la calidad de la democracia dominicana, la capacidad del Estado para protegerse de intereses criminales y el derecho de la ciudadanía a saber quiénes toman decisiones en su nombre y con qué recursos llegaron hasta allí.
La democracia no se destruye de un día para otro. Se debilita cuando el crimen organizado aprende a vestirse de candidato, cuando el dinero sucio financia discursos limpios, y cuando las autoridades partidarias se hacen los desentendidos, hasta que los Estados Unidos da el zarpazo.
La nueva modalidad implementada por el PRM en el poder, violentando la disposiciones legales, es que cuando el Departamento de Estado solicita, a través de la Cancillería, la extradición de un narcotraficante, el Gobierno empodera a la Suprema Corte del caso, sino que informa al capo de que está pedido en extradición y este decide entregarse “voluntariamente” a las autoridades de Estados Unidos, para lo cual le hacen conseguir una viaja para poder viajar, y le preservan sus bienes en el país. Es una forma del poder proteger al delincuente.
