@abrilpenaabreu
En los últimos meses, la realidad sanitaria dominicana ha enfrentado un hecho que no puede seguir siendo minimizado: jóvenes han muerto tras complicaciones de salud que, preliminarmente, se han vinculado al uso de vapes o cigarrillos electrónicos, en casos que han generado consternación en sus comunidades.
Estos incidentes no son meras cifras ni tragedias aisladas: representan señales de alarma sobre un fenómeno que crece sin la adecuada atención regulatoria ni política pública. En República Dominicana, el vapeo no está prohibido y, según análisis de la situación normativa, no existe un marco legal sólido que regule su uso, venta, edad mínima de acceso o publicidad, a diferencia de lo que ocurre con el tabaco tradicional.
Mientras tanto, expertos médicos locales han advertido durante años que el uso de cigarrillos electrónicos representa riesgos elevados para la salud de los jóvenes, potencialmente más lesivos que los propios cigarrillos convencionales, por la adicción a la nicotina y los componentes químicos que inhalan los usuarios.
A nivel internacional, la comunidad científica también ha documentado lesiones pulmonares graves asociadas al vapeo —conocidas como EVALI— que pueden causar desde dificultad respiratoria hasta colapso pulmonar y muerte, particularmente cuando se modifican o adulteran los líquidos usados en los dispositivos, lo que sucede a menudo aquí.
La paradoja es evidente: productos que no están regulados adecuadamente, que se promocionan con sabores atractivos y que son fácilmente accesibles para menores de edad, pueden estar contribuyendo a daños severos en la salud de nuestra juventud. Y sin embargo, la respuesta pública ha sido lenta e insuficiente. Incluso organismos como la Organización Panamericana de la Salud (OPS) han recomendado a los países miembros avanzar en regulación de los cigarrillos electrónicos precisamente por los riesgos para la salud, especialmente de adolescentes.
Esto debería preocuparnos como sociedad. No se trata solo de advertencias genéricas sobre “riesgo para la salud”; estamos hablando de vidas jóvenes que se pierden antes de tiempo, de familias que quedan con dolor y sin respuestas claras, y de una brecha evidente entre lo que la ciencia recomienda y lo que la política pública implementa.
La ausencia de una regulación clara —que establezca edad mínima de compra, límites de publicidad, requisitos de advertencia en envases, control de calidad de líquidos e inspección de puntos de venta— expone a nuestros jóvenes a un mercado que opera con vacíos legales y sin supervisión efectiva.
Este no es un llamado alarmista ni moralista. Es un reclamo por coherencia y responsabilidad. Si la evidencia científica y los casos que hoy vemos en nuestros hospitales y funerales muestran que hay un problema real y creciente, entonces el país debe responder con medidas claras y contundentes, regulación estricta. Controles sanitarios más firmes y campañas educativas basadas en evidencia.
El tiempo de actuar es ahora
