@abrilpenaabreu
El inicio de este 2026 dejó una escena que, lejos de ser anecdótica, debería encender alarmas en el debate público dominicano. Mientras buena parte de la llamada sociedad civil desapareció del espacio crítico —silenciosa, desdibujada y curiosamente ausente— fueron las iglesias las que ocuparon el vacío y asumieron, una vez más, la defensa discursiva de los intereses y preocupaciones de la mayoría.
Desde la Batalla de la Fé con el pastor Ezequiel Molina que abrió el año con un discurso duro, incómodo y frontal. Denunció corrupción, injusticia, abandono social, descomposición familiar y la pérdida de referentes éticos. Señaló a jueces, fiscales, políticos y también a una sociedad que se ha acostumbrado a normalizar lo inaceptable. Su mensaje, más allá de la retórica religiosa, fue una interpelación directa al Estado y a la conciencia colectiva.
En paralelo, la Iglesia Catolica Dominicana, desde un tono más institucional pero no por ello menos claro, inició el año con reclamos sorprendentemente similares: crisis de valores, deterioro de la convivencia, impunidad, corrupción, violencia, fragilidad del tejido familiar y ausencia de un verdadero compromiso con el bien común. Cambió la forma, no el fondo.
Y ahí está lo verdaderamente revelador: ambas iglesias —históricamente distantes en métodos y narrativas— arrancaron el año señalando prácticamente los mismos males, con excepción de que la Batalla de la Fe fue más explícita en el señalamiento de la corrupción individual, mientras la Iglesia Católica optó por un enfoque estructural y social.
Pero más llamativo aún es quiénes no hablaron, aquellas organizaciones que durante años monopolizaron el discurso moral, cívico y de fiscalización pública —la llamada “sociedad civil”— hoy parecen mudas. No porque los problemas se hayan resuelto, sino porque el financiamiento externo que las sostenía, particularmente el de la USAID ya no fluye como antes y aunque aquí la campaña política nunca para aún estamos lejos de las elecciones. Sin fondos, se apagaron los pronunciamientos, las campañas, las ruedas de prensa y la indignación dizque colectiva que por lo visto era realmente selectiva.
El silencio no es neutro, cuando quienes se autoproclamaban guardianes de la ética pública callan, alguien ocupa ese espacio. Y hoy, ese lugar lo están retomando las iglesias, no por nostalgia ni por ambición de poder, sino por una realidad elemental: son de las pocas instituciones que aún tienen contacto directo, cotidiano y orgánico con la gente común.
Esto no es un respaldo automático a todo lo que dicen ni una idealización del rol religioso en la vida pública. Es una constatación incómoda: cuando el Estado falla, cuando la sociedad civil se burocratiza o se mercantiliza, las iglesias vuelven a convertirse en caja de resonancia del malestar social.
Lo curioso —y preocupante— es que no estamos ante discursos radicales ni extremos. Lo que dijeron al iniciar este año fue, esencialmente, lo que millones de dominicanos comentan en la calle: que la justicia no siempre es justa, que la corrupción continúa a pesar de los sometimientos, que la violencia se normaliza, que la familia está bajo presión y en crisis y que el contrato social se ha ido erosionando.
Pero tal vez la pregunta no sea por qué las iglesias volvieron a hablar, sino por qué tantos otros dejaron de hacerlo. Porque cuando la crítica social depende de cheques y no de convicciones, el silencio termina siendo tan elocuente como el sermón más encendido.
Y este 2026 comenzó con una paradoja clara: en un país oficialmente laico, fueron las iglesias las que asumieron el rol que otros abandonaron. No para imponer dogmas, sino para recordar algo básico: que gobernar, juzgar y administrar también tiene una dimensión moral, aunque a muchos les incomode escucharlo.
