@abrilpenaabreu
La noticia que ha estremecido al mundo digital no viene de Silicon Valley, sino de Florida: el fiscal general James Uthmeier ha iniciado una investigación penal contra la plataforma Roblox, una de las más populares entre niños y adolescentes. La acusa de haberse convertido en un “caldo de cultivo para depredadores sexuales”, y de no hacer lo suficiente para proteger a sus usuarios menores de edad.
No se trata de una demanda civil más: es un proceso criminal que podría marcar un precedente en la responsabilidad legal de las grandes empresas tecnológicas. Uthmeier asegura que existen pruebas de negligencia en el control de acceso, en la moderación del contenido y en el uso de la moneda virtual Robux, que habría sido utilizada para sobornar a menores a cambio de material sexual explícito.
El caso reabre un debate urgente: ¿hasta dónde llegan las responsabilidades de las plataformas digitales cuando fallan los controles?
Si alguien cree que este problema pertenece al norte, se equivoca. En República Dominicana, un estudio presentado por Pelegrín Castillo y Priyanka Rodríguez advirtió que Roblox, Fortnite, TikTok y otras aplicaciones populares entre niños dominicanos ya están siendo utilizadas como canales de acercamiento por parte de depredadores sexuales y hay que decir que los números son de espanto, las páginas de contenido sexual de niños han crecido en más de un 100% convirtiendo a RD en un centro de exportación de contenido pederasta.
Según ese informe, el país carece de un sistema integral de vigilancia y respuesta ante delitos digitales que involucren menores. No existen protocolos claros entre las autoridades, las escuelas y las familias, ni mecanismos de denuncia efectivos para los padres. En la práctica, la protección digital infantil depende del azar y del nivel de conciencia de cada hogar.
Mientras tanto, los niños dominicanos siguen conectándose a mundos virtuales sin filtros adecuados, sin educación digital y sin supervisión adulta real. En un país donde más del 70 % de los hogares tiene al menos un teléfono inteligente y donde el internet móvil se ha vuelto omnipresente, el acceso llega mucho más rápido que la prevención.
El caso de Florida debería encender las alarmas en nuestras propias instituciones. En República Dominicana todavía no tenemos un marco legal actualizado sobre delitos en línea contra menores, y los organismos encargados de la ciberseguridad —como el Departamento de Crímenes y Delitos de Alta Tecnología (DICAT)— trabajan con recursos limitados y sin una estrategia nacional de educación digital.
Cada vez que un niño abre una aplicación para “jugar”, puede estar exponiéndose a conversaciones con adultos que saben exactamente cómo manipular, persuadir o extorsionar. Y, mientras tanto, la conversación pública sigue enfocada en lo superficial: en si los niños pasan mucho tiempo con la tableta, no en quién está al otro lado de la pantalla.
Roblox, TikTok, Fortnite o cualquier otra plataforma no son el enemigo en sí. El verdadero problema es la combinación de tecnología sin regulación y niños sin acompañamiento. En esa mezcla explosiva se gestan los peores escenarios: grooming, extorsión, violencia psicológica y exposición temprana a contenidos inadecuados.
La investigación en Estados Unidos puede ser el empujón que el mundo necesitaba para exigir responsabilidades reales a las grandes tecnológicas. Pero en países como el nuestro, donde los sistemas de justicia avanzan con lentitud y las leyes se aplican con desigual fuerza, el cambio debe comenzar desde las casas, las escuelas y los medios.
Porque si la tecnología puede criar, también puede corromper.
La pregunta no es solo qué hará la justicia estadounidense con Roblox. La verdadera pregunta es qué haremos nosotros, aquí en República Dominicana, para que nuestros niños no sigan jugando en un campo minado digital, sin que nadie los proteja.
