@abrilpenaabreu
Las ARS vuelven a estar en el ojo del huracán. Ahora, con denuncias de cambios de afiliados de una aseguradora a otra sin consentimiento, como si los ciudadanos fuésemos ganado, arreado de un corral al siguiente sin derecho a voz ni voto.
Multas, sanciones, advertencias y sentencias judiciales no parecen hacerles mella. Porque al llamado cartel de la seguridad social, nada lo toca. Ni la indignación pública, ni el reclamo médico, ni la impotencia de los pacientes.
Esta es solo la última de una larga cadena de abusos.
Un sistema donde todos pierden —clínicas, médicos, laboratorios y pacientes— y donde solo un grupo gana: el que cobra las cuotas y administra el negocio de la enfermedad.
Mientras tanto, los usuarios siguen atrapados en un laberinto burocrático que se disfraza de “protección social”, pero que en realidad garantiza impunidad corporativa.
¿Dónde está el Estado?
¿Dónde está la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales que debe fiscalizar?
¿Dónde están los legisladores que juraron defender al pueblo?
Porque en algún momento —y ese momento ya llegó— los congresistas tendrán que casarse con la gloria y asumir una reforma profunda al sistema de seguridad social.
Una reforma que devuelva la dignidad a médicos, la justicia a los prestadores y la tranquilidad a los pacientes.
Hasta que eso no ocurra, seguiremos siendo presos de un sistema que no garantiza seguridad a nadie, pero que protege —con celo— a los que más ganan con nuestra enfermedad.
