Por: Lic. Luis Ma. Ruiz Pou
En una reciente entrevista en el programa “Despertar Político”, Francisco Javier García, alto dirigente del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), afirmó con contundencia: “La corrupción no tiene partido”. Y tiene razón. La corrupción no es una ideología ni una doctrina. Es una decisión. Una práctica. Un acto que nace de la voluntad individual, no del estatuto institucional.
Los partidos políticos, como estructuras organizadas, son vehículos de representación democrática. Son espacios de deliberación, de propuesta, de competencia legítima por el poder. Pero no son inmunes a la fragilidad humana. Lo que sí son, es vulnerables a quienes los habitan. Cuando un dirigente partidario comete un acto de corrupción, no lo hace en nombre del partido, sino en nombre propio.
La ley lo entiende así: la responsabilidad penal es personal. No se condena al partido, se condena al individuo. Sin embargo, en la práctica, el daño se extiende como mancha de aceite en perjuicio tanto del partido y del jefe de estado representante de la organización política. La institución queda salpicada, la confianza pública erosionada, y el discurso político contaminado.
En República Dominicana, los escándalos de corrupción han tenido un patrón inquietante: altos dirigentes de partidos en el poder, administrando recursos del erario, terminan implicados en prácticas ilícitas. ¿Es esto culpa del partido como tal o al presidente de la república? No. Pero sí es responsabilidad del partido prevenir, sancionar y depurar. Porque si bien la corrupción no tiene partido, los partidos sí tienen memoria, estructura y deber ético.
No se trata de exonerar a las organizaciones políticas, sino de precisar el foco de la crítica. La corrupción no nace del ideario, sino del oportunismo. No brota del manifiesto, sino del silencio cómplice. Y ahí está el reto: construir partidos que no solo postulen candidatos, sino que cultiven integridad.
La frase de García, lejos de ser una evasiva, puede ser una invitación: a distinguir entre el contenedor y el contenido, entre la institución y el individuo, entre el poder legítimo y el abuso del poder. Porque si la corrupción no tiene partido, entonces todos los partidos deben tener anticuerpo; aún así, los partidos son indirectamente responsables de esos actos, por engavetar los principios ideológicos que les dieron origen; “Fueron sustituidos por el clientelismo político!
Conclusión: La advertencia que no puede ignorarse
Si la corrupción no tiene partido, entonces los partidos no pueden seguir actuando como si no tuvieran responsabilidad. Las cúpulas deben entender que la tolerancia, el encubrimiento o la indiferencia ante los actos corruptos de sus miembros los convierte en cómplices morales, aunque no jurídicos. La legitimidad no se hereda, se cultiva. Y se pierde cuando el poder se usa para blindar la impunidad.
Al presidente de la República, como jefe de Estado y líder de su organización política, le corresponde algo más que administrar: le corresponde ejemplarizar. No basta con discursos sobre transparencia; se requiere acción, depuración, y voluntad de romper con la lógica del reparto y el silencio. Porque cuando el partido calla, el Estado tambalea. Si la responsabilidad de un acto de corrupción es personal; ¿Por qué someten a los presidentes de la república saliente, si personalmente se les ha demostrado un acto de corrupción cometido en su administración?
La ciudadanía observa. Y la historia no absuelve a quienes, pudiendo frenar la corrupción, prefirieron mirar hacia otro lado. Que esta advertencia no sea solo una frase editorial, sino un llamado urgente a la responsabilidad política. Porque si la corrupción no tiene partido, entonces todos los partidos deben demostrar que tienen vergüenza.
