Noticias

Pedro Jiménez y Anibelca Rosario plantean a autoridades aclarar vínculo del grupo Read de Farmacard en supuesta trama de corrupción

Compartir

El Pregonero, Santo Domingo.– El debate en torno al escándalo del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) continúa ganando fuerza, luego de que reconocidos comunicadores como Pedro Jiménez y Anibelca Rosario formularan nuevas interrogantes sobre presuntas irregularidades y posibles conflictos de interés en la gestión de servicios tecnológicos y farmacéuticos vinculados al esquema investigado.

A través de la red social X (antiguo Twitter), Pedro Jiménez expresó su preocupación al señalar que “el grupo Read es el dueño de Farmacard” y se preguntó cómo es posible “ser quien maneja la plataforma y a la vez suplidor de servicios”. “¿Juez y parte? Respóndanme”, cuestionó el comunicador, apuntando a un posible conflicto de roles dentro de la estructura operativa del sistema de seguros de salud estatal.

Por su parte, la periodista Anibelca Rosario subrayó la necesidad de una investigación exhaustiva y objetiva por parte del Ministerio Público.

“Investigar y establecer responsabilidades respecto al caso @ARSSeNaSaRD es de vital importancia para el país, pero lo innegociable es que los involucrados sean los reales”, manifestó.

Rosario agregó que es imprescindible aclarar “qué papel tiene Farmacard y Sued-Farmacéutica o el grupo Read-Villanueva en el esquema”, exhortando a la Procuraduría General de la República a ofrecer respuestas concretas.

Screenshot

Ambos comunicadores coinciden en que el caso SeNaSa se ha convertido en una prueba de transparencia institucional para el Gobierno y el sistema de salud dominicano, en momentos en que la ciudadanía exige claridad sobre los contratos, las plataformas tecnológicas y los intermediarios vinculados al manejo de fondos públicos.

Hasta el momento, las autoridades no han emitido una respuesta oficial sobre los señalamientos relativos a las empresas mencionadas ni sobre los posibles conflictos de interés denunciados.

Sin embargo, la presión social y mediática continúa en aumento, con llamados a que el Ministerio Público y los organismos de control profundicen en las líneas de investigación para determinar responsabilidades reales.