El Pregonero, Santo Domingo.- La reciente llamada telefónica del expresidente Danilo Medina a un medio de comunicación para referirse al acuerdo entre el Ministerio Público y su cuñado Maxy Montilla ha desatado nuevas críticas y reabierto el debate sobre los casos de corrupción que marcaron su gobierno.
El Ministerio Público anunció esta semana un acuerdo mediante el cual Montilla devolverá al Estado 3,000 millones de pesos y se convertirá en testigo especial contra exfuncionarios y empresarios acusados de estafa. La figura del “criterio de oportunidad”, usada en este caso, ha sido cuestionada por sectores sociales, que la consideran más cercana a un “criterio de impunidad”.
Según el análisis de Elvin Castillo, Danilo Medina cometió un error estratégico al hablar en este momento, pues el momento crucial para defenderse fue en 2021, cuando el país debatía de manera intensa los escándalos de corrupción. En ese entonces, el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) “se escondió” y permitió que el oficialismo instalara en la opinión pública la narrativa de que su gestión fue “la más corrupta de la historia”.
Lo expresado por Danilo Medina durante la llamada ha generado aún más controversia, al insistir en que desconocía las acciones de su cuñado Maxy y de su hermano Alexis, lo que resulta poco creíble para muchos, dado que el presidente es, por definición, la persona mejor informada del país.
Elvin Castillo, en su artículo resalta que, aunque Medina realizó importantes obras durante su mandato, su permisividad con las actuaciones de allegados cercanos ha dejado comprometido su legado y su reputación política.
“El presidente siempre sabe”, afirma el texto, al recordar que cuenta con organismos de inteligencia y alertas ministeriales sobre operaciones irregulares.
Finalmente, el episodio deja una señal inquietante en la sociedad: “Si van a robar, roben mucho. Con dinero y relaciones, en un país como este, todo se arregla”.
El caso Montilla y la intervención pública de Danilo Medina reabren heridas políticas y alimentan la percepción de que el poder puede usarse como escudo familiar en perjuicio del Estado y de la ciudadanía.
