@abrilpenaabreu
Ayer se hizo pública una denuncia vergonzosa: más de 150 estudiantes con síndrome de Down del Centro Educativo Integral Adosid no han podido iniciar el año escolar. No porque una fundación haya fallado, sino porque el Estado —que constitucional y moralmente es responsable de garantizar educación para todos— sigue ausente donde más se le necesita.
No se trata de millones. Estamos hablando de apenas 30 mil pesos al mes. Y aun así, ni el Ministerio de Educación ni el Inabie han respondido. El centro ha estado sin luz por semanas, no recibe alimentos escolares, no tiene transporte y las maestras asignadas no se presentan. Mientras tanto, las instituciones hacen silencio. Y lo que es peor: esto no es un caso aislado.
Hace apenas unas semanas, padres de niños con autismo narraban cómo recorrían centros públicos buscando un cupo que nunca llegaba. Años atrás, la escuela de ciegos denunciaba que ya no podía atender más estudiantes por falta de condiciones mínimas. ¿Hasta cuándo vamos a seguir permitiendo que el Estado delegue sus funciones más esenciales en fundaciones, asociaciones y redes de solidaridad ciudadana?
En un país donde el 80% de la población gana menos de 30 mil pesos, hablar de pagar 80 o 100 mil al mes para garantizar calidad de vida a una persona con discapacidad es una mala palabra. Pero que un centro como Adosid —que le resuelve un problema al Estado— esté cerrado por falta de luz, comida y personal, es algo aún más mezquino. Es una muestra brutal del desprecio institucional hacia los más vulnerables.
Esto no debería ser noticia. Debería estar resuelto. Pero el Estado dominicano, por H o por R, ha demostrado una y otra vez que no está preparado ni interesado en garantizar inclusión real. Mientras tanto, los medios, una vez más, tenemos que hacer el trabajo que corresponde a quienes gobiernan: visibilizar lo que cuesta menos que la dieta de un funcionario de quinta categoría.
Este país hay que cerrarlo y tirar la llave.
