@abrilpenaabreu
El presidente Luis Abinader lo dijo sin rodeos: el sueldo mínimo del sector público es vergonzoso. Y no se queda ahí. No es solo el mínimo: casi la mitad de los empleados públicos sobrevive con salarios de hambre. Esto debería estremecernos como sociedad, pero no lo hace.
La percepción general —alimentada por estereotipos y anécdotas aisladas— pinta al empleado público como privilegiado, improductivo y amparado por prebendas. Nada más lejos de la realidad. La mayoría no solo cobra mucho menos de lo que se cree, sino que tampoco goza de los mismos derechos laborales que el sector privado: no tienen desahucio, no tienen preaviso, no reciben bonificación y las horas extras rara vez se pagan.
Son miles de hombres y mujeres que cargan con más responsabilidades que beneficios, que sostienen día tras día la maquinaria estatal, en áreas críticas como salud, educación, seguridad, servicios administrativos, recaudación y atención ciudadana. Y lo hacen bajo la sombra del descrédito, mientras enfrentan el reto de mantener al país funcionando como una máquina bien aceitada… pero sin el aceite suficiente.
Detrás de cada trámite que usted realiza, cada documento que recibe, cada servicio que da por sentado, hay servidores públicos que trabajan con recursos limitados, presión constante y una estabilidad laboral que pende de un hilo político. Sin embargo, no son valorados, ni por el Estado que los emplea ni por una sociedad que prefiere verlos como un gasto antes que como una inversión.
Reconocer esta realidad no es un acto de complacencia, sino de justicia. El sector público no puede seguir siendo la cenicienta del sistema laboral dominicano. Urge una reforma integral que dignifique sus condiciones, equipare sus derechos con los del sector privado y establezca una política salarial acorde al costo real de la vida.
Porque un Estado que maltrata a sus propios servidores, inevitablemente terminará maltratando también a sus ciudadanos.
