Por Rosa Iris Luciano
En un país donde la seguridad ciudadana debería ser uno de los pilares fundamentales del Estado, resulta alarmante ver cómo la institución encargada de garantizarla la Policía Nacional se ha convertido, para muchos dominicanos, en una fuente de temor más que de tranquilidad. Los casos recientes y los no tan recientes de abuso policial, desapariciones y muertes bajo custodia han encendido una vez más las alarmas sobre una crisis institucional que parece no tener fin.
¿Cómo confiar en una Policía que, en lugar de protegernos, es noticia constante por atropellos y actuaciones dudosas?
Imposible olvidar el trágico caso de los pastores evangélicos Joel Díaz y Elizabeth Muñoz, quienes fueron acribillados a balazos por una patrulla policial mientras regresaban a casa. ¿La explicación oficial? Un supuesto error de confusión del vehículo. Una «confusión» que les costó la vida a dos ciudadanos inocentes que dedicaban sus vidas al servicio espiritual y comunitario. ¿Cómo es posible que se dispare primero y se pregunte después?
Tampoco se puede pasar por alto el atroz caso de David de los Santos Correa, un joven con aparente condición mental, quien murió tras ser detenido por la Policía en un centro comercial. Su cuerpo fue entregado con signos de tortura. La versión oficial quedó repleta de contradicciones, mientras su familia aún clama justicia.
Y si esto no basta para encender todas las alertas, analicemos los casos más recientes: Abel Ricardo Santos, un joven del Ensanche Ozama, y el periodista Edward Ramírez fueron reportados como desaparecidos y encontrados días después en destacamentos policiales, sin que la institución haya dado explicaciones claras y oportunas. ¿Qué clase de protocolo permite que un ciudadano desaparezca del radar familiar sin que las autoridades informen sobre su paradero?
La pregunta inevitable es: ¿cuántos más estarán en la misma situación sin que nadie lo sepa? ¿Cuántos desaparecidos figuran en listas ciudadanas mientras podrían haber pasado por manos de una institución que tiene la obligación de salvaguardar vidas, no de esconderlas ni hacerlas desaparecer?
La ciudadanía ya no confía. ¿Cómo hacerlo cuando el uniforme que debía inspirar respeto se asocia cada vez más con el miedo?
Es urgente una transformación real, profunda y estructural de la Policía Nacional. Una depuración que no se limite al discurso o a cambios de imagen institucional, sino que garantice que quienes portan un arma y una placa estén debidamente capacitados para respetar los derechos humanos, actuar conforme a la ley y entender que su rol es servir, no reprimir.
Hasta que eso no ocurra, lamentablemente, muchos dominicanos seguirán sintiéndose más seguros alejándose de un cuartel policial que acercándose a él. Y esa es, sin lugar a dudas, una de las señales más tristes y peligrosas del deterioro de nuestra democracia y de nuestro contrato social.
