@abrilpenaabreu
MG Kitchen ha vuelto a ser escenario de una escena sangrienta. Este no es un hecho aislado. Es el tercer fallecido en circunstancias violentas en ese establecimiento, y sin embargo, sigue operando como si nada.
La pregunta es inevitable: ¿quién protege a MG Kitchen?
Porque más allá del caso policial de turno, hay preguntas que las autoridades no parecen querer responder. ¿Cómo es que una discoteca opera 24 horas en una zona residencial sin mayores consecuencias? ¿Bajo qué criterio se le otorga ese privilegio? ¿Por qué, mientras otros negocios más modestos han sido cerrados por mucho menos, este sigue funcionando a plena luz —y oscuridad— del día?
Quienes transitan por la Gustavo Mejía Ricart a las 10 de la noche saben que aquello se parece más a la calle 42 que a un corredor residencial y comercial de clase media alta. Está mal allá, pero también está mal aquí. Y lo peor es que aquí se tolera con absoluta complicidad.
¿Dónde están las juntas de vecinos? ¿Dónde está la Alcaldía? ¿Dónde está la Policía Nacional? ¿Dónde está el Ministerio Público? ¿Y hasta cuándo?
Porque esta no es solo una historia de violencia, es una historia de privilegios. Hay colmados que han sido cerrados por una bocina alta o por vender una cerveza cinco minutos después del toque de queda. Pero MG Kitchen acumula denuncias, desórdenes y muertes… y sigue como si nada.
¿Habrá que esperar que muera alguien de “apellido sonoro” o que la víctima viva en Piantini para que se haga algo?
La tranquilidad de una comunidad no puede sacrificarse en el altar de los favores políticos, el amiguismo empresarial ni la desidia institucional. Y eso es exactamente lo que está ocurriendo.
Hoy MG Kitchen representa algo más que un restaurante con horario extendido: es símbolo de cómo el desorden, la permisividad y la impunidad se instalan en nuestras ciudades, incluso en las zonas más privilegiadas. Porque el problema no es solo la delincuencia: es la falta de autoridad. Y la ausencia de reglas claras que se apliquen para todos, no solo para los que no tienen “contactos”.
Este editorial no es un ataque contra un local comercial, es una defensa del derecho colectivo a vivir en paz. Si los negocios pueden más que las leyes, si los muertos no bastan para cerrar un establecimiento problemático, si los vecinos no pueden dormir y las autoridades no responden, entonces ya no hablamos de inseguridad: hablamos de abandono institucional.
Y eso, en cualquier lugar del mundo, tiene un solo nombre: zona liberada.
