Capítulo 3 – El problema de fondo: la débil redistribución fiscal
Por Abril Peña
República Dominicana crece, sí. Pero crecer no es suficiente. Un país puede aumentar su PIB y, al mismo tiempo, profundizar la desigualdad.
Todo depende de cómo se distribuye la riqueza y, sobre todo, de cómo el Estado actúa como regulador, redistribuidor y garante del bienestar colectivo.
En los capítulos anteriores exploramos la concentración de la riqueza y quiénes dominan el poder económico. Ahora toca una pregunta clave:
¿Y el Estado? ¿Qué hace para equilibrar la balanza?
La respuesta es incómoda: no mucho o al menos no todo lo que pudiese hacer .
¿Qué es la redistribución fiscal?
Es el conjunto de mecanismos con los que el Estado recauda recursos (impuestos) y los reinvierte en la sociedad.
En teoría, debería reducir desigualdades: quienes más tienen, aportan más; quienes menos tienen, reciben mejores servicios y oportunidades.
Pero en la práctica dominicana, esto no ocurre. Nuestro sistema fiscal es regresivo, injusto y débil.
¿Por qué el sistema es regresivo?
Porque los que menos ganan terminan pagando más en proporción a sus ingresos, mientras los grandes capitales se benefician de exenciones, incentivos y vacíos legales.
• El 65% de los ingresos del Estado proviene de impuestos indirectos, como el ITBIS, que grava igual al que gana 15 mil pesos que al que gana 1 millón.
• La carga fiscal sobre grandes empresas y fortunas es baja, con una fiscalización deficiente que permite la evasión.
• Las exenciones fiscales, especialmente en sectores como el turismo o las zonas francas, superan el 5% del PIB según el Ministerio de Hacienda (2023). Muchas se otorgan sin transparencia ni rendición de cuentas.
¿Y en qué se invierte lo recaudado?
Aquí radica otro problema. La redistribución no solo depende de quién paga, sino de cómo se gasta lo recaudado.
• Menos del 2% del PIB se destina a salud pública, frente a países como Costa Rica, que invierten más del 6% (CEPAL, 2022).
• El gasto en educación ha crecido, pero su impacto se ve limitado por una ejecución ineficiente. Aunque los maestros están entre los profesionales mejor pagados del país, con salarios que superan a los de muchos otros sectores públicos, persisten problemas estructurales: escuelas sin recursos suficientes y, en muchos casos, docentes que carecen de la formación adecuada para maximizar el aprendizaje.
• Programas sociales como Supérate, aunque necesarios, no compensan el impacto de un modelo fiscal desigual.
• Las grandes inversiones se concentran en obras visibles, como autopistas o edificios, pero no en soluciones estructurales que transformen la vida de la mayoría.
Mientras tanto, la evasión fiscal sigue sin control. La informalidad, que supera el 55% de la economía, limita la capacidad del Estado para financiar servicios esenciales, dejando a los más vulnerables sin apoyo.
El resultado: un Estado que no redistribuye, solo administra
Y muchas veces, administra para los de arriba.
• Los ricos no pagan lo justo.
• Los pobres no reciben lo necesario.
• La clase media sostiene al Estado con sus impuestos… y se agota.
¿Quién se beneficia del desequilibrio?
Una élite bien conectada:
• Quienes obtienen contratos públicos sin pagar impuestos justos.
• Quienes reciben incentivos fiscales, supuestamente para atraer inversión, pero generan empleos precarios o ningún impacto social.
• Quienes, con poder político o económico, cabildean para mantener privilegios o evadir responsabilidades sin consecuencias.
Incluso cuando el Estado intenta enderezar el rumbo, como con la propuesta de reforma fiscal que buscaba mayor equidad, enfrenta una resistencia feroz. Como vimos en el capítulo anterior, los que realmente mandan —esas élites económicas con riqueza concentrada— ejercen presión para proteger sus pingües beneficios. Aunque parezca que los políticos toman las decisiones, a menudo es “Don Dinero” quien impone la agenda, especialmente cuando está en pocos bolsillos.
Este desequilibrio no es casualidad, pero sí es reversible. Para cambiarlo, necesitamos un sistema más justo.
¿Y qué podemos exigir?
• Una reforma fiscal progresiva, que garantice que los que más tienen contribuyan más.
• Transparencia en el gasto público, con auditorías ciudadanas independientes.
• Revisión y eliminación de exenciones fiscales injustificadas, como las otorgadas sin impacto social medible.
• Mayor inversión en servicios públicos esenciales, como salud y educación, para reducir la dependencia del bolsillo individual.
• Espacios para que la ciudadanía participe en consultas públicas y movimientos que exijan justicia fiscal.
No se trata solo de más impuestos. Se trata de justicia fiscal. Sin justicia fiscal, no hay equidad posible.
El próximo capítulo: el espejismo de la inversión pública
¿A quién benefician las grandes obras, como autopistas o proyectos turísticos, mientras todavía hay barrios que carecen de aceras, o calles o parques, o escuelas , incluso algunas no tienen maestros?
Porque no basta con construir. Hay que construir para todos.
