ElPregoneroRD.- Cuando ocurren tragedias, no solo las víctimas claman por justicia. Toda la sociedad exige responsables, y generalmente los quiere para ayer. Pero no todos los casos son iguales, cada uno tiene sus particularidades y deben estudiarse por separado.
Cuando no hay una intención manifiesta de hacer daño, cuando la línea entre lo penal y lo civil se vuelve difusa, cuando la responsabilidad nace de la negligencia, la inobservancia o el “dejémoslo para después”, el camino hacia la verdad y la justicia se vuelve más escabroso. Y lo es aún más cuando, además de actores privados, podrían estar involucradas instituciones públicas llamadas a prevenir o fiscalizar. Cuando el tema ha pasado por muchas manos, y entre ellas figuran representantes del Estado, la búsqueda de respuestas se complica.
Y si a eso le sumamos que algunos de los nombres ligados al caso pertenecen a los principales grupos económicos o mediáticos del país, la presión sobre el sistema de justicia —y sobre la opinión pública— se multiplica.
Además, es importante advertir que entender las sutilezas jurídicas en estos casos será difícil para muchos. Cada negocio tiene un responsable jurídico, que es quien responde ante la ley, pero también hay múltiples aristas que entran en juego: ¿tenían seguros?, ¿cuál era su cobertura?, ¿qué protocolos internos existían? Son detalles técnicos que no siempre están al alcance o son entendibles para el ciudadano de a pie, y que los medios, periodistas y comunicadores debemos manejar con extrema responsabilidad para no desinformar, ni crear falsas expectativas.
La responsabilidad, ya sea civil o penal, en el caso de Jet Set (como en tantos otros) deberá ser determinada por un tribunal. Lo que esperamos es que esta vez el país no sea sometido a los largos tiempos muertos a los que nos tiene acostumbrados el sistema judicial. Eso no implica saltarse procedimientos, ni salcochar el caso para dar una respuesta rápida a los actores de parte y parte. Pero esperar diez años por una sentencia no es justicia, es su negación. Y donde hay huérfanos, deudas, familias rotas, no se puede permitir que las trampas jurídicas de siempre vuelvan a ganarle al sentido común. Porque el hambre, los pagos, la desesperación, no esperan.
Ahora todos seremos expertos jurídicos, ingenieros estructurales y fiscales improvisados. La opinión pública, que a veces puede ser clave para exigir justicia, otras veces se convierte en una inquisición sin pausas. No se trata de ejercer autocensura —jamás—, pero sí de recordar que en el derecho a pedir respuestas no debemos transformarnos en los mismos monstruos que condenamos, pero que no se olvide, !Se espera justicia ¡
